La Junta de Castilla y León ha prohibido, desde este viernes 16 de octubre, el consumo en barra en los establecimientos hosteleros y fumar en sus terrazas "de manera radical" y ha limitado las reuniones privadas a seis personas, como anunciaba el vicepresidente de la comunidad, Francisco Igea, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrado este jueves.
Igea ha advertido de que se van a intensificar las medidas y su control en Castilla y León y ha reclamado que las mismas sean iguales para todo el país.
El Grupo de Expertos de Castilla y León frente al COVID-19 ha solicitado a la Junta progresar en medidas más restrictivas como está ocurriendo en otras autonomías de España y también en otros países como Francia, donde se ha impuesto el toque de queda en París y otras ocho grandes ciudades.
La Junta es partidaria de que haya un acuerdo nacional para establecer niveles de alerta en función de la evolución y de la situación epidemiológica, con diferentes medidas restrictivas, que podría ver hoy la luz en el seno de la Ponencia de Salud Pública. No obstante, como ya dijo este mismo martes, si no se avanza en este sentido, Castilla y León tiene sus indicadores preparados para aplicarlos, y que pasan por tomar medias antes de llegar a límites de alarma terribles, como los actuales, que están muy por encima del nivel de 250 casos por 100.000 habitantes, cuando se considera que existe ya una transmisión descontrolada del virus.
Francisco Igea, confió en que el plan de niveles de alerta se apruebe en el seno del Consejo Interterriorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ya que es lo más oportuno, y que se aplicaría en Castilla y León en 24 horas, pues alcanzaría el máximo nivel de este plan. Si no hay acuerdo, exige al Gobierno central que ejerza como tal y lo haga obligatorio.
La razón para el vicepresidente es que los territorios no pueden seguir adoptando medidas diferentes para las mimas situaciones. "El Gobierno tiene que ejercer de una vez su obligación legal de gestionar la armas que se prevén la Ley de Salud Pública", porque España "está dando un ejemplo penoso al conjunto de Euopa".
"Son medidas de salud pública que afectan al territorio de la nación", que saber qué medidas aplicar y que deben ser iguales para todos.
Propuestas incluidas
A falta de cerrar el texto definitivo, el borrador integrada todas las propuestas que defiende Castilla y León, entre ellas el umbral de incidencia de los 250 casos. La consejera explicó que supondría limitar, en función del nivel de alerta, aforos en reuniones, congresos, velatorios, lugares de culto, entierro, velatorios, así como a lugares de trabajo, movilidad, transporte; parques y zonas recreativas, comercios, servicios, además de locales de restauración, salas de bingo, juego, casinos, discotecas, además de otras que afectarían a residencias de mayores, centros de día, otros centros de carácter sociosanitario, así como a autoescuelas, academias, hasta espacios culturales o estaciones de esquí.
Nuevo escenario
Por otro lado, Casado explicó que en la reunión con el Comité de Expertos del pasado martes sus integrantes aventuraron, en función de los datos que manejan y de los modelos matemáticos, que el escenario para esta segunda ola es que la curva se mantenga, pero durante mucho más tiempo. Además, puede ser peor que la epidemia, como ya ocurrió con la gripe de 1918. Mientras, la OMS opina que, quizá el pico más alto se alcance en noviembre, y que la pandemia podría prolongarse hasta mayo, excepto si se logra una inmunidad de rebaño o llega una vacuna.
