Precisamente en el año en que el ministro Planas daba por cumplido su compromiso expresado ante ASAJA de recuperar en esta legislatura el apoyo del Gobierno de España a la contratación de los seguros agrarios, que se traduce en recuperar el nivel porcentual de ayuda previo a la crisis de financiación de las administraciones perdido en 2010, la guerra de Ucrania puede dar al traste con ello de no tomarse medidas.
La escalada de precios de los insumos, especialmente gravosa para agriculturas como la cerealista con alta necesidad, hace que el nivel de cobertura de los seguros agrarios quede desfasado. Este desfase se produce porque el precio asegurado, unos 0.18 €/kg de cereal, se sitúa ahora por encima de los 300 €/kg, en el mercado real. Este precio viene a estar en sintonía con el de los insumos que ahora está gastando el agricultor y que ASAJA recuerda que se han incrementado hasta en un 300% en el caso de los fertilizantes o el 230% en el gasóleo.
Este aumento de los precios hace que el nivel de cobertura actual de los seguros de los agricultores, que es el que se supone necesario para que estos puedan afrontar una nueva campaña de siembra, quede en ridículo, pues la cobertura real se queda en menos de la mitad de la actual.
Así las cosas, una eventual y razonable subida de los precios asegurados para acercarlos a la realidad implicaría automáticamente un aumento presupuestario de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, muy superior a lo expresado por el Ministerio.
ASAJA Soria ha alertado de esta situación en Junta Directiva Nacional celebrada, en la que se han valorado las medidas publicadas y aquellas pendientes de publicación. Y reclama al MAPA la atención y el esfuerzo económico que sea preciso en su momento, para que el nivel de seguridad eficaz de los agricultores y ganaderos no quede lesionado, y con ello la producción cerealista y otras tan
ENFADO CON EL SERVICIO TERRITORIAL
ASAJA Soria considera que se está acosando a los agricultores y ganaderos, ya que las normativas que quieren que cumplamos ni están desarrolladas ni las vigentes que aplican bien explicadas.
Los profesionales del campo soriano se encuentran en una indefensión total porque desde una administración, que debía estar a su servicio y para resolver los problemas de los ganaderos y de los agricultores, se está demostrando un ansia recaudatoria y una actitud en contra de ellos.
Todo el sector en Castilla y León está pendiente de que se publique la Orden que establece el programa de actuación para las zonas vulnerables, a raíz de la publicación del Real Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero y por el que se aprueba el código de buenas prácticas agrarias. Por lo tanto, existe una situación ahora mismo de transitoriedad, puesto que la Orden que debe desarrollar el Real Decreto sigue pendiente de publicación y la que se aplica actualmente es la antigua Orden de 2009 del anterior Real Decreto. Estamos en un período transitorio y aun así el Servicio Territorial de Soria utiliza a los profesionales del campo como conejillos de Indias y se pone a la cabeza para aplicar la normativa en toda su intensidad.
Para ASAJA Soria “el campo parece que funciona al revés que la sociedad. Cuando alguien roba, corresponde a la Policía o la administración demostrarlo. Pero si en la agricultura un funcionario dice que un agricultor ha hecho una cosa mal, automáticamente a éste se le sanciona sin mayor miramiento”.
La primera sanción recibida en ASAJA acerca de zonas vulnerables no es por un incumplimiento sino porque no se puede comprobar. En cualquier sistema coercitivo en Derecho se prevé la presunción de inocencia y compete a las administraciones o a la acusación demostrar que ha existido la falta o el delito.
en estos momentos para la sociedad española, asunto este de capital relevancia.
