Consciente de esta situación, el Gobierno de España ha puesto en marcha diferentes mecanismos de política económica para evitar daños a largo plazo, protegiendo el tejido productivo y el empleo, como los ya conocidos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las líneas de avales del Estado.
El Gobierno de Castilla y León, junto con los agentes sociales y partidos políticos con representación en las Cortes de la región, han trabajado para articular una serie de iniciativas, como el “Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19”, que también fueron recogidas en el Decreto-Ley 2/202 de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, o el “Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social” en la Comunidad.
El punto 25 de dicho Pacto alienta a establecer un Plan de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis covid-19 con el objetivo de estimular el crecimiento económico y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo. Este Plan se articula en seis grandes áreas, que se desarrollan en un total de 27 actuaciones, y que movilizarán más de 82 millones de euros en el periodo 2020 - 2021.
Resulta de gran importancia conocer las oportunidades que puede ofrecer el Plan para trabajadores y empresas. Por este motivo, Caja Rural de Soria ha querido desarrollar en esta nota de análisis los puntos principales del mismo, para su difusión entre los colectivos de empresarios y trabajadores sorianos.
Medidas destinadas al fomento del empleo y de la actividad económica
La primera área de actuación del Plan de choque se centra en el fomento de la contratación, y está dotada con 20,4 millones de euros. Se divide a su vez en dos programas o líneas:
- “Empleo local – COVEL”, con un presupuesto de 20 millones de euros, para incentivar la contratación de desempleados, preferentemente de aquellos colectivos considerados prioritarios: mujeres sin educación superior, desempleados entre 35 y 45 años con cargas familiares y parados de larga duración. Se encargarán de la gestión de estos fondos las 9 Diputaciones Provinciales y los 16 municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León.
- Línea Tempocovid, con una dotación de 400.000 euros, fomentará la contratación temporal para facilitar la consolidación del trabajo autónomo y la conciliación de la vida laboral y familiar bajo determinadas condiciones.
La segunda área de actuación se configura como un programa de ayudas a trabajadores, autónomos y empresas, compuesto por cinco líneas y con un presupuesto de 18,5 millones de euros. Las dos primeras líneas están destinadas directamente a los trabajadores afectados por un ERTE (5 millones de euros de presupuesto) y a los parados mayores de 55 años (2 millones).
Los ERTE han sido unas de las principales políticas de protección del empleo durante estos meses, teniendo como objetivo frenar la destrucción de empleo como consecuencia de la menor actividad económica. Desde el surgimiento de la pandemia, las empresas castellanoleonesas han solicitado más de 33.000 ERTE, que han afectado a más de 204.000 trabajadores, lo que representa más del 22% del número de afiliados a la Seguridad Social en la región en 2019.
A 3 de diciembre de 2020 en Castilla y León hay más de 7.700 ERTE activos y más de 32.500 trabajadores afectados por los mismos. Soria es la provincia castellanoleonesa con menor número de ERTE solicitados por las empresas (342) y menor número de trabajadores afectados (1.192). En términos relativos, Soria se posiciona como la sexta provincia en términos de proporción de trabajadores afectados (un 3,0% a fecha de 3 de diciembre). Por el contrario, León es la provincia con mayor número de ERTE solicitados (más de 1.580) y Valladolid aquella con mayor volumen de trabajadores afectados (más de 6.300), aunque en términos relativos Segovia es la más afectada, con un 3,9% de sus afiliados bajo un ERTE.
El desigual impacto de la crisis entre territorios, también se ha trasladado a los diferentes grupos de trabajadores. No en vano, las políticas laborales y económicas tienen como objetivo proteger a los colectivos más vulnerables. Uno de los colectivos destacados en las líneas del “Plan de choque” es el de los parados mayores de 55 años, para los cuales la probabilidad de encontrar un empleo es menor, en comparación con otros grupos de edad.
