La Junta convoca las ayudas para alumnos en la compra de dispositivos digitales

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos que cursen Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, siempre que las rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar en el año 2018 no superen para una familia de dos miembros, 18.410,6 euros; de tres, 24.075,4 euros; de cuatro, 29.740,2 euros; de cinco, 35.405 euros; de seis, 41.069,8 euros; de siete, 46.734,6 euros; y de ocho, 52.399,4 euros. A partir del octavo, se incrementará la renta máxima en 5.664,8 euros por cada nuevo miembro. Unos valores que se acercan más a los reales de la media de renta en Castilla y León y se favorece especialmente el primer tramo de miembros de la unidad familiar monoparental.

Asimismo, la Consejería de Educación ha establecido procedimientos especiales para atender de forma preferente a aquellas familias que estén en situación de riesgo de exclusión social por situación de privación severa, al no disponer de ingresos superiores a una cuantía mínima. Estas disfrutarán de un tratamiento favorable, mediante la aplicación de un coeficiente divisor de 1,2 para el cálculo de la renta per cápita familiar, que les priorizará en la concesión de las ayudas.

Por ello, se establecen tres intervalos de renta per cápita, a cada uno de los cuales corresponderá una cuantía diferente de las ayudas contempladas en esta convocatoria, sin que en ningún caso pueda concederse una ayuda por importe superior al gasto. Así, para ingresos inferiores a los 2.500 euros, se obtendrá una beca de 90 euros; para magnitudes entre 2.500 y 3.500 euros, ambos inclusive, de 65 euros; y para las superiores a 3.500 euros, de 40 euros. En los casos en que los alumnos tengan expediente de protección abierto por la Gerencia de Servicios Sociales, la cuantía de la ayuda a conceder será la máxima establecida.

La convocatoria establece que los dispositivos digitales únicamente serán subvencionables a través de esta línea de ayudas cuando el director del centro docente acredite la necesidad de su uso en clase para el tratamiento de recursos didácticos digitales de acuerdo con el plan de integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del colegio o instituto. También es requisito imprescindible que se trate de modelos que reúnan las características especificadas en la convocatoria y adquiridos en el periodo comprendido desde el 24 de junio de 2018 hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Asimismo, para la concesión de estas ayudas será obligatorio acompañar a la solicitud la factura justificativa de la adquisición de, dispositivo digital correspondiente al alumno para el que se solicita la ayuda. La factura, una por alumno, se expedirá a nombre del padre, madre o tutor, indicando el curso o enseñanza en la que se va a usar el dispositivo.

Las solicitudes, también una por cada estudiante, se formalizarán conforme al modelo que se encuentra en la sede de Administración electrónica, en el Portal de Educación, en la Consejería de Educación, en las direcciones provinciales de Educación y en los puntos de atención al ciudadano de la Junta. Se podrán presentar hasta el 10 de diciembre tanto de manera presencial, en la secretaría del centro donde esté matriculado el alumno, o de forma electrónica.

Con el mencionado objeto de favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a una enseñanza de calidad asentada sobre nuevos medios y metodologías, como uno de sus objetivos prioritarios, la Consejería de Educación concedió 877 ayudas para la adquisición de dispositivos digitales en el curso 2014-2015, 905 en el 2015-2016, y 917 en 2016-2017 es decir, todos los solicitantes que cumplieron los requisitos de la convocatoria.

Estas convocatorias de ayudas priorizaron a las familias con mayores dificultades económicas -rentas de cero a 2.500 euros-. En este sentido, destaca que en el curso 2018-2019 el 53 por ciento de beneficiarios de las ayudas han recibido importes de entre 90 y 65 euros, lo que representó el 72 por ciento del presupuesto total. Asimismo, en torno al 65 por ciento de los beneficiarios pertenecían a familias en situación de especial vulnerabilidad -familias numerosas, discapacidad, violencia de género o víctimas de terrorismo-.