19 de septiembre de 2024, 23:57
El 4 de junio de 2024 se adjudica por parte del Ayuntamiento de Soria a una empresa de la capital unas obras menores (<15.000€) de reparación en las instalaciones de La Juventud,
Esta adjudicación se realiza, según el comunicado del PP local, con una serie de anomalías ya puestas de manifiesto por el Grupo Municipal Popular en la Comisión de Vigilancia de la Contratación:
• Presenta un informe técnico sin explicar las actuaciones que se van a realizar.
• El coste trabajador/hora es casi el doble que el de otras empresas.
• La empresa no abre la notificación y el contrato se adjudica antes de que finalice el plazo que tenían otras empresas que sí recibieron la notificación
En el acta sancionadora aparece el nombre de una empresa, cuyo dueño (el administrador único) es el propio técnico encargado de adjudicar dichas obras, con la cual, la empresa sancionada, reconoce, que comparte trabajadores de forma habitual.
Nos preguntamos que relación hay entre el técnico municipal y esa empresa a la que adjudica obras regularmente y con la que “comparte” empleados.
El técnico, como personal laboral, no tiene compatibilidad para desarrollar ese tipo de actividad, por lo que esconde su participación a través de la subcontrata de sus propios trabajadores.
En el pleno celebrado el pasado jueves 12 el alcalde Carlos Martínez Mínguez, según los populares, entonó el mea culpa por no haber vigilado esa contratación. En este mismo pleno, consideran los populares, que el edil mintió acerca de la sanción, asegurando que solo tendrían que pagar el 50% por pronto pago, cuando deberán abonar los 7.500 euros al completo por haberse producido alegaciones.
El grupo popular exige el inmediato el cese del técnico implicado en esta trama de contrataciones y adjudicaciones irregulares. Es inadmisible que un empelado municipal pudiera estar utilizando su cargo para lucrarse a través de adjudicaciones turbias. Instamos al Equipo de Gobierno a que sea lo transparente que se espera de una administración municipal y que inicie una investigación para depurar responsabilidades.
Esta adjudicación se realiza, según el comunicado del PP local, con una serie de anomalías ya puestas de manifiesto por el Grupo Municipal Popular en la Comisión de Vigilancia de la Contratación:
• Presenta un informe técnico sin explicar las actuaciones que se van a realizar.
• El coste trabajador/hora es casi el doble que el de otras empresas.
• La empresa no abre la notificación y el contrato se adjudica antes de que finalice el plazo que tenían otras empresas que sí recibieron la notificación
En el acta sancionadora aparece el nombre de una empresa, cuyo dueño (el administrador único) es el propio técnico encargado de adjudicar dichas obras, con la cual, la empresa sancionada, reconoce, que comparte trabajadores de forma habitual.
Nos preguntamos que relación hay entre el técnico municipal y esa empresa a la que adjudica obras regularmente y con la que “comparte” empleados.
El técnico, como personal laboral, no tiene compatibilidad para desarrollar ese tipo de actividad, por lo que esconde su participación a través de la subcontrata de sus propios trabajadores.
En el pleno celebrado el pasado jueves 12 el alcalde Carlos Martínez Mínguez, según los populares, entonó el mea culpa por no haber vigilado esa contratación. En este mismo pleno, consideran los populares, que el edil mintió acerca de la sanción, asegurando que solo tendrían que pagar el 50% por pronto pago, cuando deberán abonar los 7.500 euros al completo por haberse producido alegaciones.
El grupo popular exige el inmediato el cese del técnico implicado en esta trama de contrataciones y adjudicaciones irregulares. Es inadmisible que un empelado municipal pudiera estar utilizando su cargo para lucrarse a través de adjudicaciones turbias. Instamos al Equipo de Gobierno a que sea lo transparente que se espera de una administración municipal y que inicie una investigación para depurar responsabilidades.
