“La Junta de Castilla y León vuelve a atacar a la población rural de la comunidad y como de costumbre, por la puerta de atrás”. La Coordinadora de Montes Vecinales lamenta, una vez más, el oscurantismo con el que opera la Junta de Castilla y León a la hora de modificar leyes que van en contra de la población rural de la comunidad.
La Junta de Castilla y León ha vuelto a modificar, mediante el proyecto de ley de medidas tributarias y administrativas que acompaña a los Presupuestos de 2017, la ley de Montes en su art. 53 según el cual, los aprovechamientos de pastos no destinados a uso propio de los vecinos, se debían adjudicar de forma directa a los propietarios de explotaciones inscritas en el municipio donde estén los pastos, como marca la ley 1/1999 de 4 de febrero. Lejos de esto, con la nueva redacción, los ganaderos residentes en estos municipios, solo tendrán “preferencia” para esta adjudicación y siempre a expensas del único criterio que marque la consejería de medio ambiente.
Con esta medida, para la Coordinadora Montes Vecinales de Burgos- Soria, la Junta da una nueva vuelta de tuerca para hacerse de manera definitiva con los pastos propiedad de Ayuntamientos o Juntas vecinales para adjudicárselos a quien estime oportuno. “El gobierno regional no tiene intención alguna de acabar con la despoblación en el mundo rural, muy al contrario, creemos que su único interés es expoliarlo, acabar con su población y hacerse con todos sus recursos”, apuntan desde la Coordinadora de Montes Vecinales, “no se explica de otra manera estas medidas que toma; en vez de facilitar y hacer cumplir las leyes que benefician a los ganaderos y vecinos residentes en los pueblos de la comunidad -los que realmente fijan población-, les elimina derechos para dificultarles, si es posible mas, subsistir en sus pueblos”. Desde la Coordinadora de montes solicitan una vez más, que cesen estos ataques contra el mundo rural y sus habitantes y sobre todo, que la Junta deje de esconderse en triquiñuelas y subterfugios para perpetrar este expolio que está acabando con el 75% del territorio de la Comunidad.