La Coordinadora Montes Vecinales Burgos-Soria muestra su más profunda preocupación y malestar ante la contestación por parte de la Junta de Castilla y León a las alegaciones efectuadas por esta asociación al proyecto de decreto por el que se desarrolla el título IV de los terrenos, de la Ley 4/1996 de 12 de julio, de caza.
Por parte de la Coordinadora, se realizaron un total de 13 alegaciones basadas todas ellas en una mayor participación por parte de las entidades propietarias de los montes, y, sobre todo, a la creación y desarrollo de los Fondos de Gestión en las Reservas Regionales de Caza que se mencionan en el art. 11 de dicho proyecto. TODAS ELLAS RECHAZADAS.
Por parte de la Coordinadora se tiene conocimiento que al igual que se ha efectuado un rechazo total a todas y cada una de sus alegaciones, lo mismo les ha ocurrido a los Ayuntamientos que han alegado al proyecto, así como a la propia Comisión Territorial de Mejoras de Burgos, que está compuesta por representantes municipales, Jefes de Secciones Territoriales de Medio Ambiente, Jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos y el propio Delegado Territorial.
Por lo que vemos Medio Ambiente “cumple con el protocolo” de exposición pública, pero sin escuchar a nadie, enseñándonos su verdadera cara que no es otra que el totalitarismo.
Una de las preocupaciones expuestas por la Coordinadora es la implantación de los Fondos de Gestión. Medio Ambiente intenta que el 15 % de las rentas que se obtengan de la caza en las Reservas Regionales de Caza en montes de utilidad pública vayan a parar al Fondo de Gestión de cada una de las Reservas de Caza y no al Fondo de Mejoras del monte donde se ha generado ese dinero, como se había realizado hasta ahora. Con esta artimaña la Junta de Castilla y León se apropia de unos dineros que pertenecen a las entidades propietarias para las mejoras de sus montes, consiguiendo así, para sus fines, una expropiación encubierta de los recursos económicos provenientes de los aprovechamientos cinegéticos dentro de las Reservas Regionales de Caza.
Con datos de la propia Reserva Regional de Caza Sierra de la Demanda, temporada 2014-2015, localidades como Alarcia que ingresaba 10.048,62 Euros a su Fondo de Mejoras, Barbadillo de Herreros que ingresaba 4.659,75 euros o Huerta de Arriba que ingresaba 4.820,10 Euros a su Fondo de Mejoras, dejarán de ingresar ese dinero en su monte para ingresarlo en el Fondo de Gestión de la Reserva, rompiéndose así la base jurídica establecida en el artículo 38 de la ley 43/2003 de 21 de noviembre, Ley de Montes nacional que establece que el 15% de las rentas obtenidas de los aprovechamientos forestales (entre los que se incluye la caza) deben invertirse en los montes que los han generado.
Al intento que Medio Ambiente está realizando para apropiarse de unos fondos de mejora que pertenecen a las Entidades Locales, hay que añadir, en las zonas de influencia socioeconómica, las llamadas ZIS, la eliminación de las ayudas a las localidades integrantes de la Reservas Regionales de Caza desde el año 2011 y el establecimiento de una tasa a todos los permisos cinegéticos en las Reservas Regionales de Caza en detrimento del cobro final que realizan las entidades locales, establecida así en la Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Medio Natural.
Desde la Coordinadora se le recuerda a la Junta de Castilla y León que la competencia en materia de caza pertenece a la Comunidad Autónoma según lo establecido en el Artículo 71.1.17 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y, como responsable que es, debería habilitar una partida presupuestaria de sus propios presupuestos para la gestión de las Reservas de Caza y no apropiarse los fondos de mejoras de los municipios.
Se aprecia una Consejería de Medio Ambiente comandada por un ejército de técnicos forestales que están afincados, vinculados y ligados en su gran mayoría a las grandes ciudades, y por tanto desvinculados del medio rural. Técnicos que están convirtiendo su trabajo en simples ejecutores de aplicaciones informáticas en detrimento de una buena gestión forestal de calidad. Una Consejería que no duda en encargar proyectos a empresas o fundaciones privadas y que no duda en obligar a su propio personal cualificado a que les hagan el trabajo de campo a esas empresas o fundaciones.
Quizá la Consejería de Medio Ambiente y sus técnicos tengan que echar la vista atrás y mirar a los organismos que les precedieron como fueron el Patrimonio Forestal, el Distrito Forestal o el propio ICONA, en el que sus políticas (que a la postre han resultado menos malas que las actuales) sí que tenían una cierta relación con el medio rural y sus habitantes, plasmadas en realidades como fueron las construcciones del vivero, el sequero y la piscifactoría, todas ellas en Quintanar de la Sierra. Todas estas infraestructuras fueron desmanteladas y permanecen cerradas a día de hoy, por la Junta de Castilla y León.
Pedimos desde la Coordinadora a las entidades propietarias, ayuntamientos, municipios que estén dentro de la Reservas de Caza, etc. que no se amedrenten, que vayan hasta los tribunales si hace falta en defensa de los Fondos de Mejora de sus propios montes, para que sigan siendo de plena titularidad municipal y no se dejen arrebatar los derechos sobre sus recursos, a pesar del empeño demostrado por la Junta de Castilla y León en adueñarse poco a poco de nuestros montes y derechos comunales.