Gobierno nacional, comunidades autónomas, provincias y áreas básicas de salud han adoptado medidas improvisadas, carentes del consenso adecuado y, en ocasiones, contradictorias que han sembrado la confusión y el desánimo entre los pacientes de consultorios médicos y centros de salud.
Parte de esta improvisación podemos decir que está justificada. El coronavirus no tenía un historial, y por lo tanto se ha tenido que obrar con gran dosis de desconocimiento intentando hacer las cosas lo mejor posible, pero sin las garantías suficientes de estar ejecutando las decisiones con la mejor efectividad.
Sin embargo, otras medidas adoptadas de forma rotunda,- y a veces demasiado rápida-, responden más a criterios políticos, económicos o sociales que a los puramente sanitarios. Es el caso del cierre de los consultorios médicos locales, eslabón de una cadena esencial en el ámbito de la salud, cuya supresión rompe con la prestación de un servicio esencial para las zonas rurales.
El consultorio médico es el lugar donde se controla, se hace seguimiento y mejor se conoce al paciente. Los vecinos de los pueblos acuden a estos centros con la necesidad perentoria de que el profesional alivie su estado de inquietud. En muchas ocasiones, estas visitas son esenciales para la prevención de enfermedades que pueden complicarse si no se atajan con rapidez. En otras, el centro y sus profesionales ejercen de gabinete psicológico, y la visita tranquiliza al usuario evitando estados nerviosos que pueden degenerar en otras patologías. En definitiva, el consultorio es para el mundo rural una pieza esencial para garantizar la continuidad de las personas que vivimos en este territorio.
Esta necesidad del consultorio abierto fue reclamada en la concentración del 3 de octubre en la que echamos en falta más gente, pero en la que quienes estuvieron clamaron por la apertura de estos centros. Días después,- no sabemos con exactitud si hay una relación causa-efecto entre ambos hechos-, los consultorios ya están abiertos. El argumento sanitario que en su día fue la razón de la supresión, lo podríamos aplicar ahora con los mismos criterios. Sin duda pesan otros factores. Sin embargo, las carencias en falta de profesionales, reducción de horarios y limitación del tiempo de consultas, éstas continúan. ¿Qué hacemos?. ¿Volvemos a salir a la calle?.¿Nos confirmamos?. Una nueva planificación y reestructuración de este servicio indispensable para los pueblos, quizá no vendría mal.