Querer igualar la financiación a Cataluña con las ayudas al funcionamiento, grave error del Gobierno
06 de septiembre de 2024 (19:11 h.)
Las declaraciones realizadas por la portavoz del PSOE, Esther Peña, en las que justificaba la financiación singular a Cataluña con la fiscalidad diferenciada a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, demuestra el bajo nivel de los políticos que nos gobiernan, y nos llevan a pensar que viven en una burbuja, aislados de lo real.
Chocan más estas afirmaciones incongruentes cuando las traslada a la opinión pública una burgalesa que hemos visto, en distintas ocasiones, en pueblos de la provincia, por lo que la creo conocedora de la realidad del mundo rural y la problemática de las zonas despobladas.
Sin embargo, sus aseveraciones son tan dañinas y malintencionadas que solo se justifican por hacer de papagayo de las decisiones adoptadas por otros según la conveniencia, pues, de lo contrario, no tienen razón de ser.
Las ayudas al funcionamiento nada tienen que ver con la financiación a las Comunidades Autonómas. Son diferentes en sus conceptos, formulación, cantidades, necesidad o implantación. Al igual que los extremos se tocan, en este caso podríamos decir que la reducción de gastos por asentarse en tres de las provincias con menos habitantes, es la consecuencia de una actuación desigual ante los territorios.
Durante décadas, en este país se ha privilegiado a polos industriales como los de Cataluña o El País Vasco en contra de otras zonas como la Serranía Celtibérica, una situación que ha agravado las diferencias territoriales y provocado una migración continuada de habitantes. Una vez que estos territorios han ido ganando en población, servicios y riqueza, buscan diferenciarse del resto, y quieren más autonomía e independencia, siendo los descendientes de quienes emigraron los que exigen con más ahínco compensar lo que ya de antemano supone una injustificada diferenciación.
Las ayudas al funcionamiento- que por cierto, han funcionado mal desde su creación-, suponen una gota en el gran océano de los presupuestos económicos de una Comunidad Autónoma como Cataluña, y las cifras hablan por sí solas. Su creación es consecuencia de una desigualdad, y surge para intentar paliar un drama que terminará con una forma de vivir asentada en el tiempo durante siglos. No es que el Papá Estado haya negociado unas ayudas singulares, sino que es la única respuesta que ha encontrado para justificar su inacción hacia unos territorios olvidados.
En un caso, la financiación singular es fruto de un acuerdo para formalizar un gobierno, y en el otro, es resultado de una presión constante de empresarios y sociedad civil y avalada por Europa que, lejos de suponer una reforma de la redistribución de los ingresos, se entiende como un apoyo puntual, escaso e ineficaz para poder decir que estamos haciendo algo por la despoblación.
El problema no son las declaraciones realizadas por una mercenaria de la cosa pública, sino la autoafirmación en una forma de hacer política con la que muchos estamos condenados a desaparecer.
Sin embargo, sus aseveraciones son tan dañinas y malintencionadas que solo se justifican por hacer de papagayo de las decisiones adoptadas por otros según la conveniencia, pues, de lo contrario, no tienen razón de ser.
Las ayudas al funcionamiento nada tienen que ver con la financiación a las Comunidades Autonómas. Son diferentes en sus conceptos, formulación, cantidades, necesidad o implantación. Al igual que los extremos se tocan, en este caso podríamos decir que la reducción de gastos por asentarse en tres de las provincias con menos habitantes, es la consecuencia de una actuación desigual ante los territorios.
Durante décadas, en este país se ha privilegiado a polos industriales como los de Cataluña o El País Vasco en contra de otras zonas como la Serranía Celtibérica, una situación que ha agravado las diferencias territoriales y provocado una migración continuada de habitantes. Una vez que estos territorios han ido ganando en población, servicios y riqueza, buscan diferenciarse del resto, y quieren más autonomía e independencia, siendo los descendientes de quienes emigraron los que exigen con más ahínco compensar lo que ya de antemano supone una injustificada diferenciación.
Las ayudas al funcionamiento- que por cierto, han funcionado mal desde su creación-, suponen una gota en el gran océano de los presupuestos económicos de una Comunidad Autónoma como Cataluña, y las cifras hablan por sí solas. Su creación es consecuencia de una desigualdad, y surge para intentar paliar un drama que terminará con una forma de vivir asentada en el tiempo durante siglos. No es que el Papá Estado haya negociado unas ayudas singulares, sino que es la única respuesta que ha encontrado para justificar su inacción hacia unos territorios olvidados.
En un caso, la financiación singular es fruto de un acuerdo para formalizar un gobierno, y en el otro, es resultado de una presión constante de empresarios y sociedad civil y avalada por Europa que, lejos de suponer una reforma de la redistribución de los ingresos, se entiende como un apoyo puntual, escaso e ineficaz para poder decir que estamos haciendo algo por la despoblación.
El problema no son las declaraciones realizadas por una mercenaria de la cosa pública, sino la autoafirmación en una forma de hacer política con la que muchos estamos condenados a desaparecer.