La Asociación Pro-Defensa de las fincas de Quintanarejo y Verdugal no descarta exigir que se les devuelva sus tierras “usurpadas” a través de la vía de la Ley de la Memoria Histórica, según destaca su secretaria, Milagros Ramos. El colectivo considera que el Ayuntamiento de Soria, la Mancomunidad de los 150 pueblos y la Junta de Castilla y León se apropiaron de hectáreas privadas y públicas “durante la Dictadura (1953 y 1954), con abuso de poder e ignorando los documentos notariales que casi todos los propietarios tenían sobre la pertenencia de las fincas escrituradas en el registro de la propiedad”.
Milagros Ramos sostiene que las fincas en litigio están registradas a nombre de sus legítimos propietarios desde 1866, y aseguró que el Ayuntamiento de Soria comenzó a inscribir fincas que no eran suyas a principios del siglo XX.
“Nos quitaron las tierras pistola en mano. Al acto para el deslinde acudieron la pareja de la Guardia Civil acompañando al ingeniero de Montes y los guardias forestales, que también iban armados, tras pedir permiso escrito para portar armas al Gobernador Civil”, relata Ramos para señalar que los legítimos propietarios por el acto que “protestaron” también les llevaron al ‘cuartelillo’.
En por ello que asegura que el acto de usurpación de sus tierras fue “un abuso de poder” y que, gracias al mismo, el Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 pueblos lograron apropiarse de de 2.643 hectáreas, en concreto 150 de ellas de propietarios privados y el resto del término municipal de Vinuesa.
La secretaria del colectivo señala que estas administraciones se registraron las fincas con el informe del ingeniero, y agrega que muchos propietarios no han reclamado sus derechos por residir en América, por haber muerto sin descendencia o por perder el interés de emprender juicios contra “dos administraciones grandes”.
Milagros Marcos significa que esta práctica de deslindar el monte para que entidades públicas se queden con ellas también se intentó en San Leonardo de Yagüe, lugar donde “ni se presentaron papeles”, y se les reconoció la propiedad, tras alegar que eran de sus vecinos porque “la posesión databa de hacía al menos 30 años”.
“En esta localidad estaba el general Yagüe por el medio. En Vinuesa con documentos no las negaron y en San Leonardo sin documentos se les reconoce. Por el medio estaba este general que era mano derecha de Franco”, insiste para evidenciar el “trato de favor”.
La Asociación está conformada por 58 personas que representan a 400 propietarios, que comprometen llegar hasta la última instancia para que se les reconozca la propiedad de sus terrenos.
Ramos señala que la Justicia les exige todas las pruebas y al Ayuntamiento de Soria que “no tiene ningún documento de propiedad porque los del deslinde eran falsos” solo se les exige la defensa, que encima pagan con el dinero de todos los sorianos. “Los juicios los pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Hay mucha diferencia de luchar con dinero de todos y con el propio”, critica.
La secretaria de la Asociación precisa que el Ayuntamiento de Soria presenta en los juicios documentos falsos, como un certificado de una empleada del catastro que plantea que un número de hectáreas enormes era propiedad del Consistorio soriano, cuando las fincas de Quintanarejo son prados pequeños.
“ Las escrituras que datan de 1953 son falsas porque del catastro las quitaron en 2001”, puntualiza para apostillar que también presentan papeles de un registrador que señala que la apropiación de las fincas se hizo sin “alegaciones en concreto”.
En opinión de la secretaria, el acto del Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad no fue una expropiación sino “una usurpación y un robo”, y recalca que se cometió un abuso con gente indefensa por parte de la administración.
Milagros Ramos recuerda que el artículo 33 de la Constitución señala que “a nadie se le puede privar de la propiedad ni de la herencia”. “Cuando esto paso no había Carta Magna pero ahora sí vivimos en otro momento político y creemos que es la hora de que se nos reconozca nuestros derechos”, concluye.
