Agentes de la Guardia Civil de Soria incautaron un vehículo, con 755 kilos de setas, en Villar del Río, por comercialización ilegal de este producto en el marco del operativo de control conjunto por falta de trazabilidad en la comercialización. En lo que va de campaña el total de producto decomisado ronda los 1.800 kilos en esta provincia.
En este caso, el pasado sábado se procedió a la inmovilización del vehículo al comprobar que carecía de la documentación necesaria para asegurar la trazabilidad del producto, conforme al artículo 25 del Decreto, es decir, falta de registro de los recolectores que habían vendido sus setas al intermediario, sin figurar declaraciones responsables de su titular de que ha comprobado los datos identificativos aportados por cada suministrador o vendedor de setas, y sin declaración responsable del suministrador que atestiguase la veracidad de los datos por él aportados.
Al ser interceptado en casco urbano carecía, además, según recoge el artículo número 26 del Decreto, de la posesión de documentación suficiente para garantizar la trazabilidad del producto, documentos de adquisición de setas a los recolectores o documento comercial en el que figure el comercializador de origen, lo que podría ser entendido como falta de acreditación de la trazabilidad o indicio de aprovechamiento fraudulento. La instrucción del expediente corresponde en este caso al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en coordinación con el Servicio Territorial de Medio Ambiente y la Guardia Civil.
En el vehículo se incautaron, además, 755 kilogramos de setas -níscalos (lactarius deliciosus) y boletus edulis-. A esta intervención se suman otros tres decomisos realizados por agentes medioambientales de la Junta, en concreto 40 kilogramos de boletus en La Póveda, el pasado viernes, y otros 91 kilogramos, entre el sábado y el domingo, en la comarca de Tierras Altas: 72 de níscalos y 19 de boletus
El objeto de este tipo de operativos entre la Guardia Civil y los agentes medioambientales de la Junta, en el que también participan agentes medioambientales de las entidades propietarias, es controlar a recolectores ilegales y a comercializadores intermedios que no están cumpliendo la normativa vigente, evitar malas prácticas recolectoras para evitar daños al monte y hacer que el aprovechamiento micológico sea sostenible en el tiempo. Estos dispositivos están mostrando su eficacia, y además evitan que haya pérdida de recursos micológicos en nuestros pueblos, ayudando a que no se perjudique el desarrollo rural.
