La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘REBIVA’, ha detenido junto a la Agencia Tributaria a cinco personas y desmantelado en España una compleja estructura delincuencial dedicada a la compraventa de vehículos usados, procedentes de la Unión Europea, mediante la cual conseguían reducir y evadir el pago de sus obligaciones tributarias a través del IVA.
Inicio de la investigación
La investigación, en la que se ha comprobado la trazabilidad de más de 200 vehículos, se inició a principios del año 2022, al detectarse ciertas irregularidades en vehículos importados de la UE, y que posteriormente eran vendidos en España. Las indagaciones llevadas a cabo han permitido comprobar cómo los sospechosos habían creado un complejo entramado de empresas y personas interpuestas, para evadir gran parte de los impuestos que debían declarar con sus transacciones.
Fruto de las pesquisas realizadas, se ha podido comprobar cómo el beneficio económico obtenido, no hacía sino revertir de nuevo en la organización mediante la constante compra de vehículos; se sospecha podrían haber defraudado y evadido el pago de más de 880.000 euros en impuestos. De este modo, no sólo conseguían generar un grave daño a las arcas del Tesoro Público, sino también, de forma significativa, a la competencia legal del mercado de segunda mano y ocasión, al ver mermadas éste sus opciones ante las inalcanzables ofertas que ofrecía la presente organización.
Hay cinco personas detenidas –ETG (47), MOCI (48), MWM (51), JML (52), JPR (60)- a quienes se les atribuyen los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales, además de pertenencia a grupo criminal.
Resultados patrimoniales
Durante la operación se han llevado a cabo 5 registros bajo mandamiento judicial, en el interior de domicilios y naves de Burgos y de la provincia de Castellón, en los que se han incautado un total de 51 turismos –muchos de alta gama-, 4 motocicletas, 17 relojes de lujo, 101.452 euros en efectivo, documentos relacionados con la investigación y máquinas de diagnosis para acceder a las centralitas de los automóviles que vendían.
Cabe destacar que, además, se ha paralizado el trámite administrativo de otros 105 vehículos -cuya documentación ya había sido presentada en la Jefatura Provincial de Tráfico-, y llevado a cabo el bloqueo policial de cuatro cuentas bancarias con un saldo de 234.000 euros.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos, y coordinada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Burgos y la Agencia Tributaria.