Los alcaldes de Pinares de Burgos y Soria no tienen mucha confianza en que la reactivación del Consejo Forestal Nacional les traiga beneficios para los municipios, que históricamente han cuidado del bosque y lo tienen en su ADN. El alcalde de Canicosa, Ramiro Ibáñez, cree que el sector forestal en Castilla y León y en España en general “está desorganizado”, es decir, que los propietarios forestales (ayuntamientos) no tienen una voz representativa ante las administraciones, y exige, por tanto, que se cree una organización (tal y como tienen el sector agrícola y ganadera) para sentarse en este tipo de mesas, donde se toman las decisiones que finalmente afectan de forma directa al medio rural verde.
“Deben contar con los propietarios de los aprovechamientos de los bosques. Sé que los ayuntamientos podríamos elaborar un documento con nuestras demandas, al margen de los partidos a los que representamos”, reivindica, para reiterar la necesidad de defender de forma vehemente al mundo forestal a través de una asociación u organización.
Apela el regidor a la historia de los pueblos de pinares, y así recuerda que ya en el siglo XI los reyes establecieron mediante carta real privilegios para estas zonas, es decir, que les otorgaba los beneficios de parte de sus pinos, sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha las políticas que se han aplicado al sector forestal “han sido nefastas y demoledoras”.
“Estas políticas son las responsables de que nuestro territorio, que estaba lleno de oportunidades, se despueble. Creo que con que no se hubieran acordado de nosotros nos hubiera ido mejor. Cada vez que los sabios se reúnen sus decisiones pasan por darnos el palo. Alfonso X el Sabio entendía la repoblación de los territorios haciendo partícipes de los productos forestales a favor de sus vasallos. Solo tienen que mirar la historia y aplicar lo que daba resultados”, dice.
En este aspecto, recordó que el 48 por ciento de la superficie de la provincia de Burgos es “forestal”y sus bosques llevan más de 50 años sin recibir inversión estatal alguna, a pesar de que hablan de las bondades de estas masas que fijan CO2, reguladoras de agua, productoras de madera ecológica y que pueden combatir el cambio climático.
Recuerda que desde el 2009, el Gobierno central lleva aumentando la carga impositiva a los vecinos que viven en los municipios con montes de utilidad pública, y el escaso beneficio que se sacaba de las cortas, desde esa fecha, va a parar a Hacienda. “Pagamos un 19 por ciento por los aprovechamientos y se destina un 15 al fondo de mejora. El IVA aplicable se eleva al 25 por ciento, frente al once o doce del sector agrícola. Además, si cuatro vecinos se juntan y venden su madera se le obliga a pagar el 25 por ciento de los beneficios que obtienen”, critica.
Es por ello, que advierte que cabe esperar que los vecinos dejen de “cuidar y trabajar” en el bosque, e incluso, va más allá, y aventura que llegará el día en que dejen de amar aquello que ha sido su cultura, que es parte de su ADN y su manera de vivir. “Todo se lo lleva hacienda y luego hablan de combatir la despoblación”, ironiza.
El alcalde que además de los propietarios forestales otros paganos de las “nefastas políticas” han sido los aserradores de la zona, que hicieron grandes inversiones para ser competitivos y aumentar su producción y la crisis de hace diez años se los llevó por delante, debido a que sufrieron numerosos impagos y no tenían ni cobertura jurídica ni bancaria. “Más del 30 por ciento de los aserradores de la zona cerraron a consecuencia de la crisis de la madera y el mueble”, subraya, para añadir que esto provocó el éxodo de la gente que vivía del monte y de la población inmigrante, que aumentaba el censo.
Por último, se refirió al hecho de que en la Diputación de Burgos no haya ni tan siquiera un ingeniero forestal para atender la superficie arbolada de manera efectiva, y sin embargo, sí tenga varios especialistas en el sistema agrario. “Al sector forestal también hay que ayudarle técnicamente”, dijo.
Por su parte, el alcalde de Duruelo, Alberto Abad, afirma que la comarca de Pinares da oxígeno a Madrid y descontaminando la atmósfera, sin obtener ninguna compensación al respecto, por lo que aboga porque el Consejo Nacional Forestal incida en ello.
Al igual que su homólogo de Canicosa se lamenta de la carga impositiva que sufre el propietario forestal y las escasas ayudas que reciben para mantenerlo limpio y evitar los incendios.
“Es mentira que las administraciones apuesten por que no se produzcan fuegos”. En Covaleda o Vinuesa si un día hay un fuego no tenemos ni bomberos ni medios de extinción. Las limpias no se producen. Los incendios se apagan en invierno no en verano. Nos quitaron la ganadería extensiva cabras y vacas que beneficiaban que no hubiera incendios. No se puede hacer políticas desde Madrid desde un sillón sobre el sector forestal. Yo les pido que vengan al terreno” exige.
En este sentido, asegura que existe una “falta de comunicación total” entre las administraciones y los propietarios forestales, y recuerda que hasta hace muy poco del bosque vivían 40 familias de forma directa en Duruelo, y actualmente no vive ninguna.
“En Duruelo de la Sierra, desde hace diez años ,con la crisis de la industria de la madera y el mueble que se ha ido al traste se han perdido 400 puestos de trabajo en un pueblo de 1200 habitantes. Ahora que me digan cómo sujeto yo a la población en un pueblo sin ADSL, con falta de mano de obra, sin infraestructuras de comunicación y a la que fríen a impuestos por tener una masa de bosque”, lamenta.
Asimismo, recuerda que en el Consejo Nacional Forestal están presenten empresarios que no miran por el bosque sino por su interés económicos y grupos ecologistas que “no saben ni de pinos ni de cortas”, pero quieren incidir en qué, cómo y cuándo se trabaja.
Por último, matiza que solo Duruelo y Covaleda tienen 16.000 hectáreas de monte y tiemblan en verano al no contar con bomberos ni medios.
Órgano consultivo
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, señala que el Consejo Nacional Forestal solo es un órgano consultivo, que no ejecutivo, donde están representados todos los agentes relacionados con el sector forestal (empresas, propietarios, asociaciones, grupos ecologistas) , y agrega que es de ámbito nacional, es decir, que intenta cubrir las necesidades no solo de los bosques de Soria y Burgos sino cómo se gestionan las dehesas, pastizales, terrenos arbustivas, montes comunitarios, entre otros.
“Es un órgano que tiene que ver con el debate del sector forestal en España porque el 50 por ciento del territorio del país es forestal. Se debe de debatir sobre el futuro de un sector que tiene un montón de beneficios directos e indirectos y ver los planteamientos de cada una de las partes”, defiende.
Asimismo, aclara que es un órgano que no resolverá los problemas de despoblación de estas dos provincias pero sí marcará las directrices.
Latorre precisa que hay muchas formas de que los propietarios de los terrenos obtengan directa e indirectamente beneficios de sus montes, y por ello, apuesta por estudiar la posibilidad de ver cómo puede repercutir en los propietarios el conservar esos montes que son sumideros de carbono.
“Estoy convencido de que en el seno del Consejo se debatirá también la discriminación positiva para los propietarios. Soria y Burgos actúan como sumideros de carbono y hay que ver como esas externalidades positivas que suponen la conservación de la masa forestal pueden repercutir en los propietarios. Se puede hacer vía fiscal con una bajada de impuestos o a través de beneficios indirectos. No obstante, no es algo sencillo porque son decisiones de todo el ámbito nacional”.
El Consejo Forestal Nacional se reunió, bajo la presidencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, el pasado mes de octubre. Es el principal órgano de participación de la sociedad y las administraciones públicas en la política forestal española. Entre los asuntos que pretende abordar están los incendios forestales, el estado de revisión y elaboración de los principales documentos estratégicos de planificación de la política forestal española y las oportunidades que la PAC ofrece al sector forestal en el período 2021-2027.
