La II República en el Partido judicial de Salas de los Infantes (6)

Por JESÚS CÁMARA OLALLA

Procesiones y cementerios

El clero se sintió perseguido desde que las Cortes iniciaron la legislación republicana. La sensación de hostigamiento se acentuó con la prohibición de las procesiones y la secularización de cementerios. Basándose el artículo 27 de la Constitución Republicana que decía que «todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente» las manifestaciones públicas de cualquier religión quedaron sujetas a la obtención de un permiso expreso para realizarlas, que no prohibidas. Las procesiones, los entierros católicos y actos religiosos en el exterior de los templos fueron considerados como manifestaciones públicas y tenían que ser autorizados por los gobernadores civiles. Además, se dispuso que las autoridades civiles no participaran en esos actos como prueba de neutralidad y del carácter laico del Estado.

Se podían practicar los ritos funerarios delante de la sepultura; esta podía contener inscripciones y signos religiosos. En la mayoría de los pueblos se siguió celebrando el culto católico y procesiones sin trascendencia alguna. El ayuntamiento de Huerta de Rey recibió durante todos los años de la República la autorización del gobernador civil para realizar las procesiones y romerías en las fiestas de San Pelayo, Nuestra Señora de Arandilla, Nuestra Señora del Rosario y Semana Santa. El ayuntamiento de Espinosa de Cervera acordó solicitar en 1931 autorización al gobernador civil para la procesión en la fiesta del pueblo. El ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda solicitó en el año 1932 autorización al gobernador civil poder procesionar las imágenes de Nuestra Señora de la Asunción y de San Roque y también lo hizo el ayuntamiento de Hinojar del Rey para las fiestas de San Andrés. El de Quintanar lo solicitaría para la romería de Revenga en el año 1933. No se tiene constancia que fuese denegada ninguna.

Al llegar las fiestas de la romería de la Muela de Castrillo de la Reina, el martes 19 mayo de 1936, el cura no debía tener el permiso preceptivo del gobernador civil para celebrar la procesión de Santa Ana. Por requerimiento del ayuntamiento se concentró en el pueblo una sección de guardias de asalto para impedirla. Hay que intuir que la procesión no salió de la ermita. Concejales de la comisión gestora y simpatizantes izquierdistas subieron a la romería de la Muela en gesto provocativo haciendo burlas al párroco Julián Gil con la proclama: «Que se suba la sotana».

Las relaciones entre la comisión gestora de 1936 del ayuntamiento de Castrillo de la Reina y el párroco debieron ser muy tensas. La gestora notificó a los hermanos Norberto y Lorenzo González Salas que entregasen las llaves al ayuntamiento de las ermitas de Santa Ana (La Muela) y de San Roque. El alcalde impuesto declaró sobre un procesado: «También desea hacer constar que por iniciativa del antedicho Canuto Santamaría [concejal], se impedía que el Señor Cura asistiese a los entierros, aunque la familia lo interesase». En un acta de este ayuntamiento, implantada la comisión gestora de 1936, se dice: «Se pone una comunicación al párroco de esta villa D. Julián Gil para que entregue la llave del cementerio y que se abstenga de celebrar manifestaciones religiosas».

Varios vecinos de Salas de los Infantes solicitaron en el mes de mayo de 1936 autorización al ayuntamiento para celebrar procesiones en el mes de mayo. En el acta del pleno del ayuntamiento de este mes, que hace referencia a esto, se dice que

«el sr. Bengoechea [concejal] se opone alegando que son muchas las procesiones que se van celebrando y que se vea el medio de imponer impuesto a estos actos para así evitar abusos; el sr. Martínez [¿Federico?] hace iguales manifestaciones; en definitiva, se acuerda tramitar este escrito al Sr. Gobernador para que resuelva, con el voto en contra de los indicados señores».

Los dos hermanos solteros “Danielines” del pueblo de Vallejimeno (republicanos, “enredadores”, unos fieras...) no iban nunca a misa. Se habían conjurado que ese año (1936) el santo patrón del pueblo vecino de Quintanilla Urrilla no se le bajaría la víspera en procesión desde la ermita a la iglesia. Y así fue. Sin embargo, los vecinos subieron por la noche a la ermita y le transportaron arropado en una manta hasta la parroquia. El día de la fiesta lo procesionaron. ¿Cómo se ha bajado el santo aquí?, ¿quién lo ha bajado aquí? – se dijeron los Danielines. Los conocedores de lo acontecido en la noche anterior decían en tono de broma: «Pues un milagro, que el santo ha bajado solo aquí».

A los alcaldes de Vilviestre del Pinar, Agapito de Rioja, y de Palacios de la Sierra, Pedro Simón, les acusarán los tribunales militares de prohibir los entierros religiosos. El de Palacios de la Sierra declaró en su juicio sumarísimo de urgencia «su solidaridad con las izquierdas habiendo prohibido el tiempo que fue alcalde los entierros católicos y demás manifestaciones religiosas».

Los párrocos no tendrán incidentes en la mayoría de los pueblos para seguir realizando procesiones y entierros religiosos. En 1932 el ayuntamiento de Hontoria del Pinar acordó se celebrase la procesión en el día de la Asunción y San Roque por los sitios de costumbre. Agustín Aragón Lucas durante «el tiempo que fue alcalde de Espinosa de Cervera fue cuando únicamente se ha celebrado procesiones y que en el mes de mayo se autorizó a un miembro del Sindicato Católico a dar una conferencia en el salón de actos del Ayuntamiento».

Las relaciones de las autoridades eclesiásticas con las municipales en los pueblos se pueden considerar, en general, como normales.

Por la ley de 6 de febrero de 1932 los cementerios municipales fueron declarados comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias fundadas en motivos confesionales… Se secularizaron (la mayoría de ellos estaban administrados por las iglesias parroquiales) y pasaron a ser propiedad de los ayuntamientos.

El antiguo cementerio de Palacios, unificado durante la República, conserva las puertas de entrada de los dos cementerios, el civil y el católico.

      El ayuntamiento de Vilviestre del Pinar decidió unificar el cementerio católico con el civil. El de Palacios de la Sierra lo secularizó derribando la pared que separaba el católico del civil. Los de Neila y Monterrubio se incautaron de los cementerios católicos. El de Moncalvillo requiere «al párroco Ricardo Cardenal para que haga entrega de llaves del cementerio según lo dispuesto por la ley de secularización de los cementerios» y le pone en su conocimiento para que arregle la iglesia, las ermitas y la casa rectoral pues de lo contrario el ayuntamiento se incautará de las mismas. El ayuntamiento de Pinilla de los Barruecos colocó a la entrada del cementerio una tablilla con la inscripción «Cementerio Municipal». El ayuntamiento de Hinojar del Rey ante la negativa rotunda del párroco de entregar la llave del cementerio decidió en noviembre de 1932 incautarse del mismo, hacer desaparecer la cruz de la entrada, poner una nueva cerraja y poner en su puerta la inscripción «Cementerio Municipal». Una brigada de obreros derribó la pared que separaba el cementerio católico del civil de Quintanar de la Sierra ante lo cual «los vecinos sensatos no hicieron manifestación alguna, pero otros lo tomaron con regocijo y hubo alguno que por la puerta nueva lanzó al espacio varias docenas de cohetes».

Las escuelas

En el periodo anterior a la República la enseñanza estaba desprestigiada por la escasez de escuelas y recursos y maestros pagados de forma ridícula y con deficiente formación intelectual. Las escuelas que funcionaban lo hacían en locales de extrema pobreza, la mayoría caldeadas por estufas, sin agua corriente, sin servicios.... El sueldo de un maestro a la llegada de la República era de 2.000 pesetas anuales. Se compensaba algo con las clases de adultos por las que cobraban 1,25 pesetas diarias. Dirá el corresponsal de Diario de Burgos en Huerta de Rey: «Gratificación tan exigua que equivale a la propina que suele darse por llevar una maleta, no existiendo retribución semejante entre el resto de los servidores del Estado, con más suerte que el postergado educador de la infancia». El colectivo del magisterio fue protegido, respetado y reconocido por la República que les subió el sueldo a 3.000 pesetas anuales al tiempo que se organizaban para ellos cursos de reciclaje didáctico. El aumento en el sueldo de mil pesetas anuales provocó en el párroco de Quintanarraya cierto rencor por la situación privilegiada que había adquirido el profesorado: «El aumento de paga de la república les ha hecho un poco soberbios a este [el maestro del pueblo] y a casi todo el Magisterio y conviene se les haga humillar».

El gobierno adoptó mediante decretos urgentes las primeras medidas de lucha contra el analfabetismo reinante a través de un modelo innovador de escuela pública, obligatoria, laica, gratuita y coeducativa que tenía el aroma pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza. Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública afirmaba que el maestro era el primer ciudadano de la República. Según él, el 32,4 por ciento de los 25 millones y medio de españoles eran analfabetos. En el partido judicial de Salas de los Infantes el porcentaje subía al 34,49 %.

Al maestro de Monterrubio de la Demanda el ayuntamiento en 1935 le suspendió la retribución de 40 pesetas para admitir a los niños menores de 6 años por carecer de fondos y por «considerar que los alumnos menores concurren a la escuela no por inculcarles la enseñanza primaria sino por estar tranquilos los padres de tenerlos sujetos. Considerando que más es perjuicio para los demás alumnos que beneficio, motivo fundado que pueden distraerse con los menores y abandonar el estudio».

Había en funcionamiento en el estado español 32.680 escuelas y para atender a todos los niños en edad escolar era necesaria la creación de otras 27.151 en aquel momento. Entre abril de 1931 y abril de 1935, el número de maestros pasó de 37.500 a 50.500. En la provincia de Burgos la matrícula escolar llegaba al 82,8 % de los habitantes comprendidos en la edad de asistencia a la escuela. Pueblos minúsculos como Vega de Lara y Aceña de Lara disponían de escuela mixta donde se agrupaban niños y niñas desde los seis hasta los catorce años. La escuela con sus maestros constituía la única institución estatal que alcazaba hasta las aldeas más pequeñas, lo mismo que parroquias eclesiásticas pues donde había un maestro había un cura. Alrededor de 102 maestros atendían las aulas de todo el partido judicial de Salas de los Infantes. Se crearon durante la República en la provincia de Burgos 116 escuelas y se ampliaron otras tantas.

El Ministerio de Instrucción Pública aprobó la construcción de una escuela de niñas en 1931 en Quintanarraya. El ayuntamiento de Espinosa de Cervera, en este mismo año, inició las gestiones para la construcción de una escuela por el estado deficiente de la existente. El de Rabanera del Pinar en 1932 edificó una segunda escuela para así desdoblar la mixta (con unos ochenta niños); las obras ascendieron a 7.468 pesetas. El de Hinojar del Rey solicitó en 1933 desdoblar la escuela mixta de niños y realizó gestiones para la nueva escuela y casa del maestro. En 1935 el de Huerta de Rey gestionó la creación de dos escuelas unitarias más para una población escolar de 300 alumnos y decidió aportar el quince por ciento de la inversión. En mayo de 1936 el de Cabezón de la Sierra tomó el acuerdo de solicitar al Ministerio de Instrucción Pública una subvención de 10.000 pesetas para levantar una escuela unitaria mixta por ser insuficiente la existente debido al gran censo escolar existente. El ayuntamiento de Pinilla de los Barruecos pagó el proyecto para construir un edificio para dos escuelas unitarias y el de Hontoria del Pinar otro para edificar dos escuelas en el Barrio de Abajo que construyó con subvención del Ministerio de Instrucción Pública por ser «más de ciento la matrícula de alumnos en ambas escuelas unitarias». La Gaceta de Madrid publicó una orden del Ministerio de Instrucción Pública en 1935 adjudicando definitivamente la construcción de las escuelas unitarias de niños y niñas de Arauzo de Miel. Las comisiones gestoras de los ayuntamientos de Palacios de la Sierra, Neila y Canicosa de la Sierra formularon en 1936 peticiones a la Inspección de Educación para que se iniciaran los trámites de la construcción de nuevas escuelas y en Vilviestre del Pinar la apertura de una clase de párvulos. La Inspección de Primaria de Burgos clausuró la escuela de Primaria de Hinojar de Cervera por no reunir condiciones de seguridad el edificio; ese mismo año el ayuntamiento de Santo Domingo de Silos se comprometió a financiar los gastos de su arreglo. En septiembre de 1935 se habilitó en Salas de los Infantes un local de la cárcel vieja para que pudieran concurrir 60 párvulos para que fueran atendidos por la señorita bachiller Esther Martínez y el 10 de noviembre el ayuntamiento sometió a referéndum al vecindario el acuerdo tomado por este de solicitar un préstamo de 100.000 pesetas pagadero en 12 anualidades de 11.282,54 pesetas cada una para la construcción de un grupo escolar de siete clases. En junio de 1936 se adjudicó la construcción del grupo escolar por 195.554 pesetas teniendo que comenzarse las obras en el mes de julio. En marzo de 1936 se inauguraron las escuelas de Quintanar de la Sierra con 4 clases de niños, 4 de niñas y una de párvulos «con fiestas de primera acudiendo entre otras autoridades el Sr. Gobernador Civil de la provincia». El costo de las obras fue de 216.000 pesetas.

Los estudios de primaria se acababan a los catorce años, pero antes un nutrido grupo de niños la abandonaban a los doce años para empezar a trabajar como pastores y otras faenas en el campo. En la zona no funcionaba ningún instituto de enseñanza secundaria.

Por el decreto de 25 de septiembre de 1934 del Consejo de Ministros se prohibió «el trabajo de los niños menores de catorce años en empresas agrícolas, públicas o privadas o en sus dependencias, durante las horas señaladas para la enseñanza escolar por las Escuelas públicas de cada localidad». La norma se venía incumpliendo y así a petición del concejal Jaime García el ayuntamiento de Santo Domingo de Silos acuerda en 1936 «requerir a los padres de los niños que tienen la obligación de asistir a los cursos escolares por no haber cumplido los 14 años y se les dedica por sus padres al trabajo de campo y pastoreo, que tienen la obligación de enviarles a la escuela bajo multa».

El gobierno promovió la libertad religiosa. El decreto de 6 de mayo de 1931 estableció que la instrucción religiosa no era obligatoria en la escuela primaria y en ningún centro del Ministerio; que los alumnos cuyos padres manifestaran el deseo de que la recibieran, la obtendrían como hasta entonces; y que, cuando los maestros no desearan impartir esa enseñanza, se la confiaría a los sacerdotes. La implantación de una escuela pública y laica suponía una amenaza directa a la dominación ideológica de la oligarquía dominante.

La coeducación que se implantó por ley en 1931 en los institutos públicos se caracterizó por la reunión en una misma aula de alumnos de ambos sexos. No llegó a la escuela primaria, pero en los pueblos pequeños existía una única escuela mixta de niños y niñas, unas veces regentada por un maestro y otras por una maestra. Fue muy atacada la norma por la derecha y la Iglesia que la veían como una agresión a la moral. En 1933 se derogó.

Las Misiones Pedagógicas fueron un proyecto de solidaridad de la República con el mundo rural con el fin de educar y formar a los habitantes más necesitados. Sus objetivos fueron llevar la cultura a todos los rincones del país y sembrar la semilla del saber mediante bibliotecas populares, organización de lecturas, sesiones cinematográficas para conocer otros pueblos, sesiones musicales de coros y orquestas, audiciones por radio, exposiciones de arte con museos itinerantes; la orientación pedagógica con visitas a escuelas para conocer su situación con la posterior celebración de una semana o quincena pedagógica y cursillos para maestros; y la educación ciudadana. En Burgos se desarrollaron 26 misiones pedagógicas, pero ninguna en el partido judicial de Salas de los Infantes.

Por decreto de 7 de agosto de 1931 se estableció que toda escuela primaria tuviera una biblioteca. Se enviaban 100 libros a las bibliotecas rurales, 50 títulos infantiles y 50 títulos para adultos. Contenía libros de cuentos populares, geografía e historia, vida de personajes ilustres, algunos de los Episodios Nacionales, libros infantiles, novelas de aventuras, obras de literatura de autores españoles y extrajera, libros de poesía, algunas obras sobre agricultura… En la provincia de Burgos se crearon 98 bibliotecas: Barbadillo de Herreros, Moncalvillo de la Sierra, Quintanar de la Sierra…

La Junta de Educación Primaria de Palacios de la Sierra de 10 de julio de 1936 felicitaba al terminar el curso a los maestros por el alto nivel que tenían los alumnos en aritmética, geometría y lengua y proponía sancionar a los padres cuyos hijos habían faltado un día a la escuela.

El compromiso de los maestros con los valores políticos republicanos, fueran del signo que fueran, fue escaso. No fue más allá de la aplicar la normativa legal republicana suprimiendo la impartición de la enseñanza religiosa por parte del maestro, quitando el crucifijo del aula, cantar el himno de la República (el himno de Riego) … El maestro José Miguel Moncalvillo maestro de Quintanarraya con «motivo de la proclamación de República en 14 de abril de 1931 dio en la escuela una conferencia en tonos laudables a la misma, concurriendo gran número de vecinos vitoreándole a su terminación…». Él mismo declaraba en una causa de información militar que

el 14 de abril de 1936 al hacerse la inauguración de una bandera en el ayuntamiento de dicho pueblo fue mandado por el alcalde para que, con los niños de la escuela, asistiera a dicha inauguración y como en dicho acto los niños fueron obsequiados con dulces y pastas y luego el pueblo y el ayuntamiento acompañaron a los niños a la escuela para dejar en la misma sus banderas de ambas escuelas. Que el declarante se creyó obligado a expresar el agradecimiento por las atenciones que había tenido con los niños de la escuela, especialmente por obsequiado. Que en su discurso no hizo ninguna ilusión al régimen, limitándose a comentar la compenetración entre el pueblo y la escuela y demostrar su agradecimiento y que dadas las circunstancias de entonces terminó con los gritos de ¡Viva la República y el de Viva España!

En Huerta de Rey en el aniversario de la República el maestro Jesús Calderón del Agua cerró un acto público con un discurso didáctico tratando temas como el concepto de gobierno republicano, los tres poderes del estado, las tres formas de república, sistemas unitario y federal... Puso ejemplos prácticos y enfatizó:

 «Ahora como siempre el principio de autoridad subsiste y todo ciudadano que delinca será castigado y que hoy –más que nunca– debemos demostrar nuestro espíritu recto de ciudadanía, nuestro amor a la madre patria, y debemos hacerlo así porque el Gobierno que nos rige amparará todo noble ideal y es, a fin de cuentas, el que nosotros nos hemos procurado y que con idéntica libertad podríamos sustituirlo si lo creyésemos preciso, porque somos libres para hacerlo, ya que el régimen hereditario fue derogado hace un año».

En un acto conmemorativo para la celebración del primer aniversario de la República en Salas de los Infantes intervinieron Ángel León, maestro de Cascajares de la Sierra, y Gregorio Rodríguez García, maestro de La Revilla afiliado a la FETE. Este ataca en un discurso «a los caciques que aún perduran, calificándoles duramente». Hace un llamamiento

a favor de la República española, definiéndola gráficamente, diciendo de ella que era una habitación donde se encontraban treinta personas, diez de ellas, sentadas cómodamente en lujosas butacas, otras diez sentadas en sillas corrientes y los diez restantes en el suelo. Que los diez sentados en el suelo querían a todo trance, que como ellos estarían los demás. Pero que los de las sillas, opinaban, que vendiendo los diez lujosos butacones, se podían comprar muy bien veinte sillas, que con las diez que ya tenían eran suficientes para que los treinta estuvieran sentados.

Un grupo reducido de maestros manifestó su anticlericalismo y su inmersión en los ideales republicanos. No se tiene ningún estudio que indique si se cumplió la normativa republicana en todas sus partes.

Los cuarteles de la guardia civil

Siete cuarteles de la guardia civil se distribuían por todo el partido judicial: Quintanar de la Sierra, Huerta de Rey, Hontoria del Pinar (con 7 guardias civiles), Santo Domingo de Silos (con 7 guardias civiles), Barbadillo del Mercado (temporalmente pues su ubicación era Hortigüela), Barbadillo de Herreros y Salas de los Infantes. Al mando de cada uno de ellos estaba el comandante de puesto con la graduación de cabo o de sargento (en el caso de Huerta de Rey). Controlaba y coordinaba los destacamentos de todo el partido judicial un jefe de línea con categoría de oficial (subteniente, alférez o teniente) en el puesto de Salas de los Infantes. El cuartel de Huerta de Rey estaba subordinado directamente al capitán de Aranda de Duero y el de Santo Domingo de Silos al de Lerma.

Ubicación de los cuarteles de la guardia civil con las zonas de actuación

Todo miembro de la guardia civil “prometió servir fielmente a la República y sus leyes y defenderlas con las armas” según el artículo 6º del decreto de 22 de abril de 1931. El cuerpo de la guardia civil mantuvo como colectivo profesional una dudosa lealtad a la República. Encargado desde hacía un siglo del orden público en el medio rural no mostraba especial predilección por el régimen democrático. En los movimientos obreros y sindicales no veía más que peligros revolucionarios que había que atajar con castigos ejemplares. Para garantizar la seguridad del nuevo régimen republicano el gobierno había creado un nuevo cuerpo policial, la guardia de asalto, tal vez, por desconfianza hacia la guardia civil.

Los informes de los comandantes de puesto eran necesarios para decretar la apertura o cierre de las Casas del Pueblo y las sociedades obreras o para otorgar licencias de armas. No es difícil intuir la difícil colaboración entre las autoridades izquierdistas municipales y la guardia civil.

Los gobiernos republicanos dejaron en manos de la guardia civil la información de los motivos para la solicitud de licencias de armas de fuego. El 23 de septiembre de 1933 ante las nuevas elecciones el gobierno consideró caducadas todas las licencias de armas y otorgó un plazo hasta noviembre para su renovación o nueva concesión. En 1934 la guardia civil realizó registros domiciliarios en busca de armas. En febrero de este año inspeccionó las viviendas de los izquierdistas Liborio Pascual Martín y Cayo Andrés González, de Quintanar de la Sierra, encontrándosele al primero una pistola y al segundo una cartuchera de arma corta y diez detonadores. Ingresaron en la cárcel. A Liborio se le condenó a cuatro meses y un día de arresto mayor y al segundo se le absolvió. En el año 1935 vecinos tanto derechistas como izquierdistas se rearmaron por el recelo mutuo. Carabinas, pistolas y escopetas adquirieron obreros, jornaleros y el sector conservador. En 1936 se permitió a la guardia civil los registros domiciliarios en busca de armas sin mandato judicial.

Casa cuartel de la guardia civil de Barbadillo del Mercado

Cuartel de la guardia civil de Barbadillo de Herreros / Guardias Civiles al Servicio de Burgos

 

ARCHIVOS DE LOS AYUNTAMIENTOS de Espinosa de Cervera, Hinojar del Rey, Moncalvillo de la Sierra, Regumiel de la Sierra, Salas de los Infantes y Santo Domingo de Silos. DIARIO DE BURGOS. JUICIOS MILITARES O EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN de Canuto Santamaría Expósito, Pedro Simón Llorente, Agustín Aragón Lucas y José Miguel Moncalvillo. LUZURIAGA, Lorenzo. El analfabetismo en la provincia. Datos estadísticos. PALACIOS GONZALO, Antonio. Exterminio y represión en el sur de la provincia de Burgos. Inédito.