El Extremadura UD no se encuentra al corriente de pago con todos sus futbolistas, según ha notificado la asociación de futbolistas españoles (AFE). Debido a esta situación, el colectivo que defiende los intereses de los jugadores ha informado de esta situación a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que aplique, además las medidas que se recogen en el artículo 192.
En ese artículo, la propia Federación expresa que «A las 12:00 horas del último día hábil del mes de junio de cada año, los clubes habrán de tener cumplidas íntegramente, o debidamente garantizadas a satisfacción del acreedor, sus obligaciones económicas contraídas y vencidas con futbolistas, con técnicos o con otros clibes, reconocidas o acreditadas, según los casos, por los órganos jurisdiccionales federativos o por las Comisiones Mixtas».
En ese mismo artículo se detallan los distintos casos por categorías y certifica que «Cuando el equipo moroso fuera de los que militaron en Segunda B, no podrá participar en la que, por su puntuación, hubiera quedado integrado al término de la temporada anterior, pudiendo sólo hacerlo en la inmediatamente inferior».
Es decir, AFE ha solicitado a la Federación el descenso administrativo del Extremadura. Sin embargo, el club de Almendralejo se encuentra judicializado y han solicitado una cautelar para proceder a la inscripción la próxima temporada. Ahora es la Federación la que debe atender esta petición o denegarla.
La tesitura lleva evidentemente al riesgo, cada vez mayor, del descenso administrativo del Extremadura, desde la Primera RFEF a la Segunda RFEF. En ese caso, el equipo que ocuparía su plaza sería el Numancia. Este caso no se resolverá en poco tiempo puesto que los clubes tienen hasta el 16 de julio para inscribirse y después hay fechas para alegaciones, lo que podría demorar cualquier decisión hasta mediados de agosto.
