Las Cortes de Castilla y León han decidido, por una amplía mayoría, solicitar a la Junta que pida al Gobierno nacional el incrementede forma progresiva la Oferta de Empleo Público para la cobertura de puestos reservados a funcionarios de administración local, con habilitación de carácter nacional (secretarios o interventores), y a que modifique la normativa autonómica que regula la provisión temporal para “agilizar” los procedimientos de cobertura.
La iniciativa del Grupo Popular, apoyada por el PSOE, Ciudadanos y parte del Grupo Mixto -Podemos se abstuvo-, pretende que al final de legislatura, al menos la mitad de los puestos de la Comunidad con esta clasificación tengan una cobertura con carácter definitiva.
El procurador soriano Jesús Ángel Peregrina advirtió de los problemas existentes para la provisión de estos puestos, lo que señaló dificulta el funcionamiento ordinario de las corporaciones locales, la rendición de cuentas, así como la prestación de los servicios públicos. “En algunas ocasiones son el único funcionario del ayuntamiento”, señaló, tras advertir la alta tasa de temporalidad.
Peregrina recordó al PSOE que el Gobierno sigue gobernando con el Presupuesto de Montoro y que puede modificar la normativa existente, si bien defendió que un ingeniero sea secretario interventor en virtud del principio de mérito y capacidad. Aunque admitió que la bolsa de la Junta no ha funcionado todo lo bien que debiera, destacó el apoyo prestado por la Junta a las entidades locales.
La viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, reivindicó la figura de los que muchas veces son el único funcionario que sustenta las entidades locales, un cuerpo al que recordó ella pertenece y que ha sufrido -dijo- las normas del PP y del “ministro más dañino”, el ‘popular’ Cristóbal Montoro. Además, criticó que a las funciones de secretaría e intervención se añadiera las de tesorería, como “Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”.
Barcones, que planteó una enmienda que no fue aceptada, destacó que “ahora sí” hay un Gobierno que cree en lo local y que trabaja en esta normativa necesaria. Además, criticó que el PP permitiera que cualquier titulado que pudiera acceder a la categoría de secretario interventor accediera a este cuerpo, de forma que ingenieros y químicos se hayan convertido en funcionarios de este tipo. También celebró la reforma de la norma autonómica de hace 15 años que a su juicio ha funcionado en su opinión “mal”.
La parlamentaria de Cs Blanca Negrete respaldó proposición porque en una comunidad “muy dispersa” como Castilla y León un gran número de ayuntamientos sufren problemas para cubrir las vacantes. Por ello, reclamó “sin más demora” al Gobierno a que amplíe la Oferta de Empleo Público, lo que señaló no tendrá impacto en las cuentas del Ejecutivo, puesto que corre a cuenta de los ayuntamientos y tiene el mismo coste que si se cubren con personal interino.
Finalmente, el ‘leonesista’ Luis Mariano Santos apoyó la iniciativa ante el “papel” tan importante de los secretarios e interventores y consideró que el déficit de habilitados nacionales se arrastra desde hace años, porque el Gobierno lo hace en su opinión “a cuenta gotas”, si bien demandó celeridad a la Junta. Además, advirtió de que se está “cerca” de un problema mayor ante las crecientes jubilaciones y señaló que los más afectados son los consistorios con menos de 5.000 habitantes.
