El viceportavoz del Grupo Provincial Socialista, Javier Lezcano, pide a la Diputación de Burgos que recupere el arreglo de caminos rurales con recursos propios, como hacía hasta el año 2018, con las cuatro máquinas motoniveladoras de las que dispone, en desuso desde entonces. “Tan solo utilizan una de manera ocasional para arreglos puntuales”, explica.
En la actualidad, la Administración provincial ofrece este servicio a las entidades locales mediante un convenio bienal con Tragsa para los años 2021 y 2022, en opinión de Lezcano, “con una escasa dotación económica que apenas alcanza para cubrir el 50% de las necesidades”. En total, la Diputación invertirá 800.000 euros hasta 2023, anualidad para la que el Grupo Socialista pide que recupere la convocatoria anual de ayudas para el arreglo de estas vías con recursos propios y, con al menos, un millón de euros.
“Con el actual sistema, el ritmo de ejecución de las tareas es muy lento, con 205 peticiones para atender en dos años”, señala.
Lezcano recuerda que la prestación de este servicio arrastra un déficit endémico que impide satisfacer la demanda, “como hemos denunciado en reiteradas ocasiones, en las que hemos propuesto soluciones que el equipo de gobierno no ha atendido”. Sí consiguieron los socialistas, sin embargo, la recuperación de la convocatoria en 2018, con 1,2 millones de euros, después de que la Institución provincial la suprimiera en 2017. “El arreglo y acondicionamiento de caminos es uno de los servicios que más demanda obtiene la Diputación y el Grupo Socialista no va a renunciar a que los alcaldes y alcaldesas vean satisfechas sus peticiones”, apunta Lezcano.
El diputado provincial se ha referido también a la reciente adjudicación del contrato para la ejecución de los trabajos de siega y desbroce en bermas, cunetas y taludes en las carreteras de la Diputación. Cree que las actuaciones deberían iniciarse en el presente mes, dada la climatología, en lugar de en junio, como contempla el contrato y advierte de que el PSOE velará para evitar “el desastre que se produjo el año pasado, cuando las actuaciones no se iniciaron hasta agosto en muchas localidades por la mala gestión del contrato por parte de la Diputación”.
