Es imprescindible elaborar “un relato de la lucha contra la despoblación, en el que se incluya el discurso de que esta situación resulta reversible” e instar a los poderes públicos “a hacer todo lo necesario para que sea así”. Estas son las principales concluciones del 'Congreso Internacional sobre Despoblamiento en España: Políticas de Repoblación’, que se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos (UBU) a comienzos de esta semana.
El decano de la Facultad de Derecho, Santiago Bello, recordó que la despoblación es “una patología sistémica” que se presenta en una amplia parte de España, caracterizada por una pérdida progresiva de población, datada en los años 60 del siglo XX y que aún continúa, y que afecta ahora no solo a las zonas rurales, sino también a las denominadas ciudades intermedias. Además, esta patología incluye el envejecimiento de la población, una baja densidad de población y, en definitiva, una pérdida de calidad de vida de los ciudadanos que viven en estos entornos geográficos.
Ante esta situación, manifestó que los congresistas han solicitado a las Administraciones públicas que actúen con los instrumentos de colaboración y cooperación interadministrativa para abordar “de manera urgente” el fenómeno de la despoblación. En este sentido, las cuatro universidades públicas pretenden la creación de un ‘Observatorio de dinamización demográfica’, en colaboración con la Junta de Castilla León, con la finalidad de analizar la situación de la despoblación y formular políticas de repoblamiento en Castilla y León, con una visión global y transversal.
La primera medida a adoptar es la del “empoderamiento” del problema de la despoblación, como una cuestión de Estado, que sea tratado con “un gran pacto político” entre los distintos operadores públicos y de manera coordinada: Unión Europea (UE), Gobierno de la nación, comunidades autónomas y municipios y provincias afectados.
Bello afirmó que las políticas de repoblación tienen que incluir, entre otras, medidas sobre la ordenación del territorio; inversiones en infraestructuras tecnológicas (TIC); servicios en línea; medidas de naturaleza fiscal para favorecer la reimplantación de la población (“generación palanca”) y las actividades económicas de valorañadido en las zonas rurales y generación de una economía adaptada al territorio. Finalmente, señaló que especial importancia tienen las acciones públicas y privadas tendentes al fomento del emprendimiento en las zonas rurales.
