El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León abordará las medidas sanitarias ratificadas por unanimidad en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “pudiendo modificarlas y endurecerlas en aquellos aspectos que se consideren más necesarios para el control pandémico, atendiendo a las características de cada territorio”.
Así, cada Comunidad deberá dar este paso para poder aplicar las 11 medidas establecidas en el marco de siete ámbitos diferenciados y tres recomendaciones que recoge la denominada 'Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por la COVID-19'.
En el caso de Castilla y León, los Servicios Jurídicos de la Junta estudiarán cuál es la figura normativa más adecuada, con el fin de someter esa trasposición legal a la aprobación del Consejo de Gobierno, que se reunirá el próximo martes, según explicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado. El Pleno del Consejo Interterritorial, que se reunió esta mañana telemáticamente, apoyó de forma unánime este marco de acción a propuesta del Ministerio de Sanidad, con el que se pretende establecer una “herramienta homogénea” para el conjunto nacional ante el incremento de nuevos casos de la COVID-19.
El documento aborda 11 medidas de control referidas a siete ámbitos diferentes: ocio nocturno, restauración y hostelería, centros sociosanitarios, eventos y actividades multitudinarias, cribados con PCR de grupos específicos, consumo de alcohol no autorizado en vía pública y consumo de tabaco y asimilados. También recoge tres recomendaciones y un epígrafe en relación a las capacidades sanitarias para tener un plan de respuesta temprana al escenario de control de la pandemia.
Casado, que participó en el encuentro junto a responsables ministeriales y autonómicos, celebró la propuesta de actuaciones en todas las comunidades autónomas, “con un componente de transmisión comunitario que no puede, en muchas ocasiones, vincularse a brotes epidémicos”.
Se trata, por tanto, de un “punto de partida, una herramienta de coordinación, común para el conjunto estatal, que favorece la seguridad jurídica y el conocimiento ciudadano de las medidas en vigor, con independencia del territorio” y que permite a la autoridad sanitaria la adopción de acciones coordinadas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Reclamación de Castilla y León
Casado subrayó que responde a una reclamación de Castilla y León para poner en marcha esta coordinación. “Las medidas que estamos tomando en cada comunidad tienen que tener un cierto nivel de homogeneidad dentro del territorio nacional. Por ello nuestra valoración es positiva y la hemos apoyado porque consideramos que produce una herramienta importante para todos como referente”, incidió.
En este sentido, lo calificó como “acuerdo de mínimos, que se puede endurecer, y no excluye ninguna otra medida complementaria”. La evolución de la situación epidemiológica, la diversidad de algunas medidas adoptadas en distintos territorios y la necesidad de alinear los esfuerzos adoptados por todas las autoridades sanitarias “hacen necesario establecer un mínimo común de actuaciones en el ámbito propio de las comunidades autónomas”, utilizando para ello la figura de esta declaración, prevista en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Estas medidas coordinadas se centran en el control de la transmisión en los ámbitos que, actualmente, son origen de los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo y las actuaciones, con el fin de controlar la transmisión comunitaria asociada a esos brotes.
