El grupo parlamentario socialista ha presentado en las Cortes de Castilla y León una iniciativa para instar a la Junta a incrementar tanto la cantidad global como las ayudas particulares dirigidas a emigrantes castellanos y leoneses para facilitar su retorno e integración en la Comunidad. Se trata de una proposición no de Ley registrada para su debate en la Comisión de Presidencia firmada por los procuradores José Ignacio Martín Benito, Luis Briones Martínez, Gloria María Acevedo, Virginia Barcones Sanz y Ana María Muñoz de la Peña.
La iniciativa se fundamenta “en los dramáticos datos que sacuden a la situación demográfica de la Comunidad”. “Castilla y León es la comunidad española que más población pierde. El pasado año Castilla y León encabezó la pérdida de población de todas las comunidades autónomas, con 18.151 habitantes menos”, explicaron fuentes socialistas en un comunicado.
Desde el PSOE recuerdan que de cada 100 españoles residentes en el extranjero, siete son de Castilla y León. “A 1 de julio de 2017, Castilla y León tenía 2.423.875 habitantes, en tanto que España sumaba 46.549.045; esto suponía que la población castellano y leonesa representaba el 5,19 por ciento del conjunto nacional. A 1 de enero de 2018, Castilla y León solo representa el 5,15 de la población española”. Todo esto, precisan, “sin contar los castellanos y leoneses que se marchan a otras provincias españolas fuera de la Comunidad”. “Desde 2009 hasta inicios de 2018, se han marchado 63.000 castellanos y leoneses al extranjero, lo que equivale a toda la población de la ciudad de Zamora”.
En 2016, continúan, salieron de Castilla y León más de 12.000 trabajadores. “De cada diez personas que se trasladó de un territorio a otro en España, uno partió de la Castilla y León”, y “una de las principales causas de esta masiva huida de esta salida, es la existencia de una brecha salarial entre el salario medio en Castilla y León y el nacional. Los que se marcharon consiguieron un incremento medio en sus salarios del 13,3 por ciento”.
Desde el PSOE denuncian que en 2015 la Junta concedió una ayuda 1.450 euros de ayudas al retorno; en 2016, 84 ayudas por un total de 139.500 euros, y en 2017, 138 ayudas por la cantidad de 246.250 euros.
El procurador José Ignacio Martín Benito recuerda que “las ayudas de la Junta de Castilla y León destinadas al retorno de emigrantes son bastante cicateras, en comparación con otras comunidades o, incluso, con ciudades de la propia Comunidad”. “Así, para la convocatoria 2018 la Junta destina solamente 130.000 euros. Comunidades vecinas como Castilla-La Mancha destinan mucho más. En septiembre de 2017, el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó el Plan de Retorno del Talento Joven de Castilla-La Mancha, para el que en 2018 destinará 700.000 euros”.
