Algunos representantes de ayuntamientos de la comarca anunciaron en la reunión desarrollada en Navaleno que las sociedades vecinales que han venido funcionando en los pueblos se dejarán sin actividad para eludir el impuesto de Sociedades que entró en vigor el pasado 1 de enero, por la Ley 27/2014. A partir del 30 de junio todas las Sociedades que sigan comercializando la madera deberán de tributar de la forma correspondiente.
"La decisión se tiene que adoptar en cada uno de los pueblos", comentó Paulino Herrero, presidente de Asopiva y alcalde de Navaleno. Herrero instó a los presentes a formar una Comisión para encauzar el problema y solicitar una reunión con la Dirección General de Tributos.
El alcalde de Covaleda, José Antonio De Miguel, habló de una "postura conjunta que haga frente al problema de la fiscalidad". Herrero recordó la necesidad de nombrar unos representantes "ya que no pueden ir todos los alcaldes a la reunión".
El alcalde de Canicosa, Ramiro Ibáñez, aludió a cómo el Estado "quiere ir hincando el diente" para gravar a los pueblos forestales, en alusión a una serie de normativas que están coaccionando el desarrollo de una política forestal.
